MOCIÓN EN APOYO DE LA CONVALIDACIÓN DEL REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS EN EL ALQUILER PARA LA PRÓRROGA DE CONTRATOS
La vivienda constituye el epicentro de la mayor desigualdad social en España. Según FOESSA, el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, la vivienda es el factor que genera mayor distancia entre rentas. Según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renta de los caseros es un 82 % superior a la de los inquilinos.
A lo largo del 2026 y 2027, más de un millón de hogares podrían enfrentarse a la finalización de sus contratos de alquiler, correspondiente a los contratos firmados durante la pandemia del COVID.
Casi tres millones de inquilinas e inquilinos quedarían en una situación de absoluta incertidumbre y desamparo, ante la disyuntiva de tener que aceptar potenciales subidas prohibitivas en los precios del alquiler o tener que mudarse lejos de aquellos barrios y ciudades donde tienen su vida, sus allegados o tienen a sus hijos e hijas escolarizados.
En el último lustro, el mercado del alquiler en España ha experimentado una escalada desproporcionada de precios que, según todas las previsiones, continuará a lo largo de 2026, volviendo a cerrar en máximos históricos.
Según datos de portales inmobiliarios, la subida media de los alquileres a nivel estatal entre octubre de 2020 y octubre de 2025 fue del 34,3%, pasando el precio ofertado de la vivienda en alquiler de alrededor de 10,8€ por metro cuadrado a 14,5€.
Los datos no dejan lugar a dudas y evidencia la necesidad de una intervención urgente del mercado del alquiler de vivienda por parte de los poderes públicos, para hacer efectiva la función social de la vivienda, recogida en el artículo 47 de la Constitución Española, y que garantice el derecho a una vivienda digna.
Las comunidades autónomas tienen las principales competencias y herramientas en materia de vivienda, tal y como se refleja en el artículo 148.1.3 de la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía.
En este marco competencial se inscribe, de manera específica, la potestad para declarar zonas de mercado residencial tensionado prevista en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
La declaración de dichas zonas constituye un instrumento esencial para intervenir de forma eficaz ante situaciones de subidas persistentes y desproporcionadas de los precios del alquiler, permitiendo la aplicación de medidas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles.
Allí donde esta herramienta se ha puesto en marcha, ha demostrado su utilidad como mecanismo de contención en la escalada de precios, lo que refuerza la responsabilidad de las administraciones autonómicas para ejercer sus competencias para paliar la actual emergencia habitacional y proteger el interés general.
Por su parte, el Gobierno de España y en concreto el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el ejercicio de sus competencias, tiene la responsabilidad de garantizar un marco común de protección de derechos en situaciones de especial vulnerabilidad social y económica, especialmente cuando concurren circunstancias extraordinarias que afectan de manera generalizada al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, como es el caso en en la actual crisis de vivienda por parte de la ciudadanía.
La urgencia del momento no da pie a medidas cosméticas que se quedan en un titular. Se requiere de una apuesta sólida y contundente por políticas que garanticen el derecho a la vivienda.
Desde esta perspectiva, y ante el rechazo a declarar las zonas tensionadas por el Gobierno de la junta de Castilla y León, así como el tiempo que requeriría su aplicación, hemos venido insistiendo en los últimos meses en la necesaria aprobación de una nueva prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual, en el marco de las competencias exclusivas estatales sobre la legislación civil y teniendo en cuenta que esta medida se encuentra recogida en la LAU y ya ha estado en vigor durante más de dos años en nuestro ordenamiento jurídico tras la aprobación y posterior convalidación en el Congreso de los Diputados de ocho Reales Decretos-ley entre los años 2020 y 2023.
En el Consejo de Ministros del pasado 20 de marzo y tras una importante presión de los ministros y ministras de Sumar, se ha aprobado finalmente dicho decreto ley incorporando desde su entrada en vigor el 22 de marzo de 2026 una prórroga extraordinaria de dos años para aquellos contratos cuya prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2027, debiendo en todo caso respetarse el mismo precio y cláusulas, sin necesidad de acuerdo expreso entre arrendador e inquilino.
En Palencia estamos hablando de poder ayudar hasta 12.000 personas que viven de alquiler de forma directa o indirecta.
Atendiendo a posicionamientos recientes y a declaraciones públicas de grupos políticos, a priori no parece existir una mayoría parlamentaria suficiente para poder convalidarlo y, por lo tanto, es imprescindible situar en los próximos días y semanas esta cuestión en el centro de la agenda política y social en aras de conseguir todo el apoyo posible y hacer imparable la medida.
Está en juego que miles de familias puedan seguir viviendo en sus hogares.
Por todo esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos, propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Palencia al Real Decreto-ley 8/2026 y reconocer su carácter urgente y necesario para proteger a los hogares en un contexto de crisis económica y especulación inmobiliaria.
SEGUNDO: Instar al Ayuntamiento de Palencia para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que realice las conversaciones y negociaciones pertinentes y necesarias que garanticen la convalidación del Real Decreto Ley 8/2026 de 20 de marzo.
En Palencia, a 9 de abril de 2026