Colectivo de Salud Pública de Palencia

La salud no es un negocio. No a la privatización de la salud y de los cuidados en las residencias de ancianos

Dos de las claves de la pandemia – después de millones de casos y centenares de miles de muertos – son la capacidad de los sistemas sanitarios y la provisión de cuidados en las residencias de personas mayores, que en la primera oleada tuvieron más del 60% del total de las muertes.

Los sistemas de salud en la Unión Europea (UE). Tanto los basados en el seguro de empleo, como los financiados a través de impuestos generales, son servicios tradicionalmente públicos, debilitados en los últimos años por la austeridad y los recortes. En paralelo, crece la asistencia privada(1), pese a que el afán de lucro en la sanidad , a la vez que beneficios para los accionistas, entraña riesgos para la salud, no sólo por empeorar las condiciones laborales, salariales y formativas, sino también porque “selecciona” a los pacientes con menores riesgos y costes, centrándose en la enfermedad crónica y la cirugía programada, en vez de las emergencias o los pacientes complejos y críticos, lo que no sólo afecta a la seguridad y calidad, sino que condiciona su utilidad ante situaciones especiales como la actual pandemia.

La UE ha catalogado a la asistencia sanitaria como una actividad económica, cuando es una necesidad
básica y un derecho. La consecuencia es desafiar la naturaleza pública de la salud (mercantilizar) a través de la competencia y la libertad de elección, con la pretensión de la eficiencia; pero los hechos niegan mayor eficiencia, mientras aumentan las desigualdades en el acceso a la atención médica.

La gobernanza económica de la UE. Es la principal responsable de los recortes del gasto público en salud. Después de la crisis financiera de 2008, la UE reformó la economía política de los Estados mediante el “Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento: control estricto de los presupuestos y reformas estructurales económicas y fiscales”, con el argumento de favorecer el crecimiento y la competencia(2), exigiendo un déficit presupuestario por debajo del 3% y una deuda por debajo del 60% del PIB. La aplicación de este Pacto ha tenido muchos vericuetos: las exigencias fueron muy duras con Grecia (tuvo que reducir el 40% el gasto en salud) 40%) o Portugal, con drásticas reducciones de plantillas y salarios a los trabajadores sanitarios, mientras que Alemania casi duplicaba el gasto sanitario en los últimos diez años.

En el período 2011 – 2019, la Comisión ha emitido un total de 107 recomendaciones relacionadas con la salud (incluyendo los cuidados a largo plazo), todas apoyadas o auspiciadas por las grandes corporaciones y 76 con la finalidad de recortes y/o la “rentabilidad” de la asistencia sanitaria: la asunción de la UE es que el “gasto sanitario es un riesgo a largo plazo para la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Es decir, la subordinar la salud a la prioridad y jerarquía del crecimiento económico.

El RDL 16/2012 del gobierno del PP en 2.012, es una respuesta a la “viabilidad requerida por la Unión
Europea”. Según Amnistía Internacional, en la Sanidad Pública en España(3) hubo una reducción de 28.500 empleados entre 2012 y 2014 (cuando el número total era de aproximadamente 477.000), mientras que según Eurostat(4), entre “2012 y 2017, el número de camas de hospital en la EU-28 disminuyó el 3,3%””, en algunos casos a un ritmo acelerado. Es evidente que cuando llegó el Covid-19, la capacidad de respuesta estaba disminuida.

Eficiencia. La Comisión Europea se alimenta del enfoque neoliberal “lo mejor son los negocios”, que
presupone que los hospitales privados son más eficientes que los públicos, aunque los hechos lo refuten. Según datos de la OCDE de 2.019, la mayor eficiencia de la atención médica privada con fines de lucro es un cuento de hadas. EEUU, con un sistema sanitario privatizado, gasta en sanidad el 16.96% del PIB, mientras que los países de la media de la UE-27, con sistemas de salud más públicos, el gasto es la mitad (8,26%) y el que más, Alemania, el 11,65%. En dólares per cápita, EE.UU. Gasta $ 11,072 per cápita, tres veces más que la UE-27, $ 3800. La asistencia sanitaria privada es más cara para los usuarios y también para los gobiernos.

En un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la privatización de la salud en relación con el COVID-19, señala que un “aumento del 10% en gasto en salud privada se relaciona con un aumento del 4,3% en casos de COVID-19 y un aumento del 4.9% en mortalidad relacionada. Es decir, la privatización “eleva significativamente el riesgo de prevalencia y mortalidad de COVID-19”

La Asociación Público-Privada (APP). Es la estrategia estrella de la UE en la mercantilización de la salud(5), inmensamente rentable para las empresas y demoledora para el sector público. Una formula importada del Reino Unido, que ha abandonado la UE, pero ha dejado el legado del modelo de Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI): las empresas construyen hospitales y los alquilan al NHS, una operación muy rentable, por ejemplo, ante un coste inicial de 1.100 millones de libras se obtendrán 7 mil millones en contratos a lo largo de 40 años. El NHS tiene una deuda en PFI estimada en 55.000 millones de libras esterlinas, una sexta parte del total del gasto del NHS. Una grave losa.

El modelo PFI en España permitió construir hospitales (nueve en Madrid) sin que la administración pública incurriese en déficit, como exigía el Pacto de Estabilidad de la UE, pero con unos costes finales muy gravosos para el sector público(6). Los resultados son catastróficos, pero la UE es renuente a sacar conclusiones negativas. En marzo de 2018, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo afirmaba que es ineficiente financiar cientos de AAPs en el sector de la salud (ocupan el segundo lugar del total de las APP en la UE).

Cabildeo y Unión Europea. El Banco Central Europeo ha jugado un papel importante en la última década en el desmantelamiento de las estructuras de salud pública(7) mostrándose sensible a presiones como las de Health Coalition (entre sus miembros está el lobby farmacéutico EFPIA y Biotechnology Europabio) que propone aumentar la inversión privada en salud del actual 35% al 60% en el 2.040 y crear un «fondo público-privado de la UE para la infraestructura social». Mientras que otro lobby, Health First Europe, señala que el número total de camas en Europa disminuye significativamente, mientras crecen las camas privadas que ya suponen el 20,45% del total.

El protagonismo de los lobbys de la salud en Bruselas es creciente, desde el asesoramiento sobre reformas estructurales hasta la intermediación en reuniones entre funcionarios de salud y empresas hospitalarias. Los contactos y los acuerdos con la Comisión Europea son opacos, como ocurre con McKinsey (asesora de la privatización del NHS del Reino Unido y recientemente de la OMS ante la pandemia) o con la Unión Europea de Hospitales Privados (UEHP), constituida por asociaciones nacionales de hospitales privados y muy activos en Bruselas. El relato es que “los hospitales privados no crean desigualdad «; la desigualdad se crea “si el sector público se niega a pagar a los hospitales privados y obligue a los pacientes a afrontar los gastos de su propio bolsillo”. Se firma que lo privado es necesario “para aliviar la presión sobre lo público” o que “el principio de no-discriminación” obliga a repartir el dinero público.

Lo cierto es que cuando vino la pandemia, la capacidad de los hospitales privados para contribuir a la
respuesta fue mínima. De hecho, están acostumbrados a dejar esas cosas a los hospitales públicos.

El impacto devastador en las residencias de ancianos. La crisis del COVID-19 golpeó duramente el sector de cuidados de larga duración, poniendo de manifiesto problemas estructurales(8): insuficiencias en la financiación, en las plantillas y en la calidad y seguridad de los cuidados. Al igual que en la asistencia sanitaria, las residencias de mayores han estado sometidas a un proceso de privatización por decisiones políticas de los estados y de la UE, que han sido muy importantes en la propagación del virus. Según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, las «muertes en los hogares de ancianos representaron cerca del 60% de todas las muertes por COVID-19, sólo en el primer brote. Los centros de personas con discapacidad también han estado en el ojo del huracán.

La privatización de los cuidados de larga duración ha tenido un impacto desastroso, en España, tres de cada cuatro residencias son de gestión privada y muchos residentes tienen parte de sus costos financiados con fondos públicos. En Madrid, cuando se desplegó el ejército para desinfectar los edificios de las residencias, se encontraron con ancianos “muertos en sus camas” y una Investigación de la BBC(9) describió pacientes Covid sin aislamiento ni personal adecuado, con turnos agotadores de los trabajadores y sin equipos de protección. Mientras, el gobierno de la Comunidad comunicaba a los gerentes de los hogares de ancianos que no mandasen a los enfermos al hospital. A finales de abril de 2020, 6.000 personas habían muerto en residencias de ancianos en Madrid.

Los analistas del mercado, han descrito a las residencias de ancianos como un sector listo para la inversión y altamente rentable, en buena medida merced a las condiciones laborales de precariedad, bajos salarios y falta de formación, que han sido mortales durante la pandemia. Así, la firma inmobiliaria Knight Frank, describía el “creciente apetito de los activos inmobiliarios para el cuidado de personas mayores «, con inversiones superiores a 6.500 millones de euros al año”, y con márgenes de beneficio, antes de impuestos, entre el 25 y el 35%.

DomusVi, con sede en Francia, es el grupo líder del mercado en España, con 135 hogares de ancianos. A finales de 2020 se habían producido 2.100 muertes en Residencias DomusVi en España. Es curioso que en la UE no hay un lobby específico de proveedores privados de cuidados de ancianos, quizás porque ya existen las suficientes herramientas para que los operadores con fines de lucro puedan tener éxito. De hecho, las últimas directivas de la UE en este terreno no diferencian si la entidad es pública o privada.

Europa ante la pandemia y la postpandemia. Las políticas de la UE de comercialización de la salud y de los cuidados a largo plazo, en defensa de determinados intereses e ideologías, han tenido un efecto muy negativo ante la pandemia, con miles de muertos: la lucha contra la privatización de la salud y los servicios de atención es una lucha para salvar vidas. Cierto es que las políticas de salud son principalmente responsabilidad de los Estados, y la UE tiene un poder limitado, pero una pregunta clave es qué haría la UE con más poder sobre la salud.

La UE, como respuesta a la crisis, ha lanzado un programa con una multimillonaria financiación 2021-2027, para «mejorar la accesibilidad, la eficiencia y resiliencia de los sistemas de salud” y “reducir desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria», junto con medidas destinadas a abordar las amenazas transfronterizas y hacer medicamentos disponibles y asequibles. Sin embargo, no hay claridad en los objetivos. La UE debe la importancia de lo público en la atención de la salud, rectificando la opinión histórica (y errónea) de la Comisión de equiparar “eficiencia” con provisión privada. Es decir, acabar con el neoliberalismo y las políticas que han dañado a los sistemas sanitarios:

1.- Poner fin a la austeridad del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, con nefastas consecuencias.
2.- Eliminar las presiones hacia la comercialización y privatizaciones que socavan los sistemas de bienestar.
3.- Garantizar que los fondos de recuperación de COVID-19 se utilicen en servicios públicos de salud, y no
fines de lucro, lo que incluye el programa de financiación EU4Health de 9.400 millones de euros.
4.- Proteger la agenda de los servicios públicos, desde la digitalización hasta la atención integrada, para que no sea cooptada por empresas con fines de lucro.

La pandemia de COVID-19 ha sido una llamada de atención que ha puesto en valor a los trabajadores
sanitarios y a los servicios públicos sanitarios, pero que también ha mostrado sus debilidades y la necesidad de una mayor financiación sanitaria pública, mejores salarios y condiciones para los trabajadores, aumento de personal y el bloqueo de las privatizaciones.

El 7 de abril de 2021 (Día Mundial de la Salud), únete al Día de Acción por # Health4All, coordinado por la Red contra la comercialización y privatización de la salud y protección social.

https://noprofitonpandemic.eu/ mailto:europeanhealthnetwork@gmail.com

¡Atención a las más que probables condicionalidades para recibir ayudas desde la UE, presididas por
normas sobre deuda, déficit y desequilibrios macroeconómicos!

Es vital proteger la naturaleza pública de la salud y la asistencia sanitaria en Europa, y garantizar que los fondos de recuperación de COVID-19 no se desvían a proveedores con fines de lucro. de gastos,
incluyendo cuidado de la salud.

¡Que nadie se lucre con la pandemia! ¡Protección para todxs!